Los Golpes de Estado

El derrocamiento de Zelaya en Honduras puso en el tapete el tema de los golpes de Estado. Lo que más sonó sospechoso durante la crisis fue que quienes se mostraban como los más vociferantes defensores de la democracia hondureña fueron los hermanos Castro -quienes controlan la dictadura más antigua de Latinoamérica y una de las más atroces de la humanidad- y el grupo liderado por Chávez, quien está destruyendo la democracia en Venezuela a la vista de todos y a pasos agigantados. Algo definitivamente no estaba bien. Ningún demócrata se sentía bien apoyando los proyectos geopolíticos de Chávez y de los hermanos Castro, pero tampoco apoyando un golpe de Estado. ¿Dónde estaba entonces la trampa?

El problema es de fondo, pero de un enorme fondo si se puede hablar así: es el paradigma del "estado moderno". El Estado Moderno es contractualista. Tanto Smith como Rawls, sin duda entre los más influyentes arquitectos de nuestros órdenes políticos actuales, asumen plenamente el contractualismo originado en Rousseau. Y ¿qué quiere decir semejante cosa?: que no hay nada relevante para constituir el orden democrático fuera de la mesa de discusión en la cual los burócratas y funcionarios redactan los contratos de convivencia social. Si algo no se toma en cuenta por los redatores de los contratos, entonces, por ese mismo hecho se vuelve irrelevante y desechable. La grave amenaza de este paradigma político es que se mata la noción objetiva de bien común, por lo tanto, se le reconoce de facto facultades divinas a los elaboradores de los contratos sociales, quienes quedan liberados de toda obligación hacia nada que no sea tomado en cuenta dentro del contrato. El contrato se vuelve fuente de verdad: la forma se convierte en el fondo y el hombre toma el lugar de dios o de la naturaleza, si es que trata al ser humano y al mundo como definitivamente comprensibles. Este es el peligro del Estado Moderno, el indudable padre de Hitler, Stalin, Fidel Castro y Mao Ze Dong. Y ahora, de Chávez.

Con un esquema moderno contractualista la crisis hondureña se volcía una paradoja irresoluble, y, dentro del horror y el espanto de los demócratas verdaderos, se les volvía de necesidad ponerse del lado de Fidel Castro, Chávez y Ortega.

El problema es que al perderse la noción de bien común que es el objeto propio de la ciencia política, y que no le debe pertenecer a nadie, porque nadie la puede agotar, los hombres de la organización del Estado se presentan, técnicamente, como objetos de culto o dictadores, siempre y cuando llenen una lista básica de formalidades.

Si en lugar de postular el bien común como el objeto supremo de la política se postula la democracia como fin en sí mismo -en lugar de un instrumento hacia el bien común- se cae en dilemas como el de Honduras y de los países del ALBA, en donde la elevación de un estandarte democrático tan reluciente como falso, autoriza a sus portadores a depredar en su propio beneficio la parte más preciosa e irreversible del bien común: la libertad y el imperio de la ley.

Postulando el bien común como el objeto supremo de la política, los golpes de
Estado y los derrocamientos no son males absolutos, y eventualmente sirven como correctivos. Aun hoy admiramos el intento de golpe de estado en la Alemania Nazi -del que da cuenta la película Valkiria- y desearíamos que le hubieran dado un golpe a Fidel Castro y a muchos otros dictadores de izquierda y derecha. Sólo con la postulación honesta y abierta del bien común se puede también no ser tajante en condenar el rompimiento temporal de la formalidad democrática en Honduras, sin que tal actitud sea muestra de anti-democracia: la democracia es de naturaleza instrumental respecto del bien común, y si su práctica manipulada se vuelve en contra de éste, como estaba empezando a ocurrir en Honduras (el Presidente quería manipular las instituciones para implantar su reelección perpetua y hasta llegó a mandar a una turba a los almacenes en donde los jueces habían dejado en depósito el material confiscado venido de Venezuela, lo que era un gravísimo delito flagrante) entonces el bien común debe privar y pueden tumbarse las formalidades.

Si alguien me dice que yo soy enemigo de la democracia por no condenar de modo absoluto el derrocamiento de Zelaya en Honduras, yo le puedo responder sin aspavientos y con sencillez que yo no defiendo ninguna forma histórica de ordenamiento social, sino que el bien común, al que toda forma de organización se debe y que debe ser su última medida. Si el derrocamiento de Zelaya contribuye al bien común de los hondureños, es bueno, y si no, es malo. Pero la medida no es la forma democrática, sino el bien común mismo. No hay que confundir. Por el contrario, defender las formas democráticas en la presencia de destrucciones flagrantes del bien común -como el despilfarro en gastos populistas, la oscuridad en el manejo de la cosa pública, y la pérdida de la libertad y las garantías procesales de los individuos- puede ser democrático, pero corrupto y enemigo del bienestar del pueblo.

Este es el problema al que nos ha llevado el "estado moderno", por lo tanto urge poner en el centro de la actividad política la noción de bien común.